Extraído de BOLETÍN TOKATA
Respuesta/informe del Mº de la Presidencia a los escritos de denuncia que se envían al congreso de los diputados:
Existe por parte de determinados grupos una campaña de movilizaciones de protesta por lo que ellos consideran un “sistema penitenciario español en el cual existen malos tratos y torturas dentro de los Centros Penitenciarios”.
Entre las movilizaciones que suelen llevar a cabo están las
concentraciones en las puertas de los Centros Penitenciarios, la
coordinación de protestas y huelgas de hambre, y asesoría legal de
internos afines.
El intemo peticionario dentro del marco
de las protestas coordinadas con otros intemos de otros Centros
Penitenciarios, tramita instancias informando del hecho al Ministerio
del Interior, el Congreso de los Diputados, el Defensor del Pueblo y
organizaciones europeas de control de las torturas y tratos degradantes
en prisiones, alegando que es una medida de protesta por “los malos
tratos y torturas en las cárceles”. En cuanto al contenido de las
protestas, al ser una imputación de carácter abstracto e indefinido no es posible iniciar una mínima investigación sobre las mismas.
El sistema penitenciario en España
presenta un alto grado de garantismo en su actuación; además de los
controles internos realizados por la Inspección Penitenciaria, existe un
órgano judicial específico, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que
visita periódicamente los Centros, atendiendo quejas y recursos, y es
el encargado de la salvaguarda de los derechos de los internos y el
control de la actividad administrativa.
Además de ello, existen otros mecanismos
de control nacionales -como Defensor del Pueblo, el Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura, los Jueces y Tribunales, el Congreso, etc- y
otros supranacionales -Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y
los Tratos Inhumanos y Degradantes, Comité Contra la Tortura de
Naciones Unidas (CAT)- que realizan visitas periódicas a España y
vigilan y controlan la actuación de la Administración Penitenciaria en
el ámbito de los Derechos Humanos.
En definitiva, el ordenamiento jurídico
español así como sus instituciones garantizan plenamente el respeto de
los derechos fundamentales de sus ciudadanos, sin distinción alguna.
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