Una protesta pacífica de indígenas k’iches contra el alza de las tarifas eléctricas fue reprimida el jueves 4 de octubre por el Ejército, lo que provocó siete muertos y más de treinta heridos de bala entre los civiles. 
El Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) reportó en su cuenta de facebook que los muertos civiles durante la jornada de protesta se elevó a nueve con los fallecidos en cuatro caminos en el occidente del país y la muerte en la mañana de hoy de un estudiante que se hallaba con heridas de gravedad.
El Centro señala que hay heridos por esquirlas de granada de fragmentación, situación que coincide con las denuncias del sobrevuelo de helicópteros militares, quienes serían los responsables de estas agresiones.Los nombres de siete de las víctimas confirmadas el jueves son: Rafael Nicolás Batz Menchú, José Eusebio Puac Ordóñez, Jesús Francisco Ordóñez, Santos Nicolás Menchú Fernández, Jesús Baltazar Puac, Arturo Felix Sapón Yax y Domingo Pascual Solís.
La brutal agresión criminal fue condenada por organizaciones nacionales e internacionales que exigen investigar y sancionar a los responsables de las víctimas que fueron sepultadas el viernes, acompañadas por más de cinco mil personas en un clima de dolor e indignación.
La protesta fue organizada por miles de indígenas pertenecientes a 48 cantones del departamento de Totonicapán, unos 170 km al oeste de la capital, que bloqueó tramos de la carretera interamericana.
Las demandas principales eran rechazar el alza de la energía eléctrica por parte de la empresa inglesa Energuate (antes DEOCSA), rechazar las reformas constitucionales así como la extensión de la carrera magisterial, tres peticiones respaldadas por el movimiento popular nacional.
El Consejo Político 13 Baktún indica que el sector empresarial obtiene grandes ganancias con tarifas abusivas aprovechando los ríos para obtener energía; que la reforma magisterial pretende profundizar la privatización de la educación y que la reforma constitucional del Presidente busca favorecer a grandes empresarios y eliminar derechos indígenas.
Dicho consejo, constituido por actores sociales y políticos mayas, instó a la comunidad internacional a crear una comisión para observar de manera permanente los hechos de represión, militarización y persecución de indígenas y líderes comunitarios de varias regiones del país.
El nuevo gobierno está encabezado por el ex general del Ejército de Guatemala Otto Pérez Molina, y las principales ocho carteras de su gobierno están en manos de militares retirados. Además, en la función pública se encuentran un gran número de militares egresados de caibil, una especialidad de legionario en el ejército guatemalteco.
Instituciones de derechos humanos expresaron su temor de que se reinicie una espiral de violencia y muerte que conduzca al país al abismo y al genocidio, en especial afectando a los pueblos indígenas, como ocurrió en el pasado.
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