Las reformas legales de los últimos años han llevado a duplicar la duración efectiva de las penas. Así, España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que era y sigue siendo uno de los países más seguros del entorno, con una tasa de criminalidad de las más bajas de Europa, 20 puntos por debajo de la media del resto de países.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pensamos que esta nueva reforma es anticonstitucional y atenta directamente contra la Carta Magna, donde se defiende que el fin de la pena es la reinserción del recluso, pues los límites temporales a la condena son una exigencia del Estado de derecho, de respeto a la dignidad humana y al trato humano, que debe tratar a la persona infractora de las normas de convivencia de una forma distinta a la que ésta actuó, única forma de dar ejemplo. Encerrar de por vida a alguien supone enterrarlo en vida, eliminándolo como persona y como miembro de la sociedad. Se trata de una tortura psicológica; ninguna persona puede asimilar la pérdida de su futuro. Muchos estudios psicológicos, Resoluciones del Consejo de Europa, así como del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, coinciden en el límite de los 15 años como la no vuelta atrás de esta destrucción personal.
Si el incremento de la pena no sirve para disuadir, ni está sirviendo para reinsertar, corremos el riesgo de convertirla en una mera venganza cada vez más ilimitada, que con sensatez y desde la lejanía al calor del momento, el Estado no debería tolerar.
APDHA denuncia que la razón más importante por la que el actual Gobierno lleva a cabo esta reforma es la búsqueda de medidas populistas, tras la larga lista de medidas de recortes de derechos -tan rechazadas por la sociedad- anunciadas día tras día a lo largo de todos estos meses de mandato.
Tomado de: www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1068&Itemid=63
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