Según han explicado a 20minutos.es distintas fuentes penitenciarias (ignoramos cuales han sido las gargantas profundas), a partir de marzo seis cárceles: Alicante, Logroño, Topas (Salamanca), Castellón, Dueñas (Palencia) y Huelva, contarán con seguratas que se encargaran de los accesos al centro, el control de cámaras y las patrullas en el perímetro del recinto, funciones encomendadas actualmente a los picoletos. Cuidado: aquí entra en juego la oscurísima empresa Ombuds.
Atención a Ombuds, una de las más fuertes del sector represivo. Instituciones penitenciarias no habría sacado a concurso público este servicio, sino que como le permite la ley (según 20minutos), ha argumentado motivos de seguridad para sacarlo por concurso restringido, es decir, invitando a empresas que normalmente reprimen para el estado. Es interesante dedicar unos minutos a lo que dicen algunos que han ejercido para esta "empresa": http://escoltaprivadoenelpaisvasco.blogspot.com.es
Ombuds será la primera empresa que ponga escoltas en las cárceles. Como ejemplo, Ombuds acaba de ser una de las dos empresas adjudicatarias (con Eulen) para el “servicio de vigilancia con armas” en los hospitales militares. El contrato cuesta a las arcas públicas 3,3 millones de euros. Ombuds se ha llevado ocho de los diez hospitales, entre ellos el madrileño Gómez Ulla.
El consejero delegado de Ombdus es Rodrigo Cortina López, sobrino de José Luis Cortina, comandante de los servicios secretos españoles el 23-F, del CESID. Fue detenido, encarcelado y luego absuelto por su presunta participación en el golpe de estado. Una perla en bruto, para entendernos, según sabemos a través de 20minutos.
Muchas empresas de seguridad que se forraban en el País Vasco y Navarra han visto mermados sus ingresos cuando ETA ha dejado la lucha armada por la nazión socialista vaska. Muchas han aprovechado las malditas reformas laborales y han aplicado Expedientes de Regulación de Empleo (E.R.E.s), como Ombdus, que abrió un E.R.E. suspensivo a unos 260 escoltas, según los sindicatos represivos. La recolocación de estos escoltas en las prisiones fue una salida que diseñó el franquista Partido Popular.
El sindicato ultraderechista C.S.I.F., que no pillará cacho en esta ocasión, dice que el ministerio del interior vulnera con esta medida el Reglamento Penitenciario, que en su artículo 63 señala que “la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, y el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que “establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas”.
Dos seguratas de Ombdus afectados por el ERE han señalado a 20minutos que la empresa ya les ha ofrecido ejercer en las seis prisiones señaladas anteriormente, con un sueldo inferior al que tenían como escoltas en el norte.
En varios foros, el ministerio del interior anunció en un principio que se privatizaría la seguridad exterior de entre 15 y 21 cárceles. El ya ex secretario de estado de seguridad, Ignacio Ulloa, dijo en el congreso el 28 de junio de 2012 que los escoltas no sólo optarían a sustituir a guardias civiles, sino que también relevarían a los propios carceleros en determinadas funciones dentro de las cárceles.
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