Cualquiera que esté en prisión puede sufrir malos tratos. Basta con echarle un ojo al último informe aportado por la Coordinadora Contra la Tortura (2009), para reconocer que es una práctica habitual: ese año se hicieron 114 denuncias por torturas en las cárceles del estado. Hasta ahora, cuando hablamos de maltrato,
pensamos en la idea más ruda y directa, es decir, la agresión física, las palizas.
Las llamadas “medidas coercitivas” en la práctica dan lugar a abusos y excesos
Las llamadas “medidas coercitivas” en la práctica dan lugar a abusos y excesos
frecuentes que consisten en golpes, entre uno o varios funcionarios, cuando la
persona ya ha sido reducida y por lo tanto se encuentra indefensa. Estos actos
constituyen un delito de torturas. Según instituciones penitenciarias las “medidas
coercitivas” solo se utilizan con presos conflictivos que atentan contra las normas
penitenciarias y el orden del centro, pero esta es la idea que nos quieren vender...
La prisión supone maltrato en sus diferentes ámbitos y por lo tanto en su
totalidad. Si mencionamos el tema de la asistencia sanitaria y según el manual de
ejecución penitenciaria “las personas presas tienen derecho a que la administración
penitenciaria vele por su vida, integridad y salud”. Mensualmente, por sida, fallecen
más de cinco personas en la cárcel o inmediatamente después de ser excarceladas,
por no hablar de la hepatitis, tuberculosis, trastornos psíquicos y la falta absoluta de
un tratamiento adecuado y personalizado de numerosas enfermedades más. Según
las mismas administraciones penitenciarias, en prisión se producen más de 275
muertes anualmente. Estas muertes derivan, en la mayoría de los casos, de una
total falta de asistencia médica. Y aunque es notorio que la excarcelación suele
producir un a mejoría notable en los enfermos graves y terminales, las medidas
legales en ese sentido se aplican de una forma tan restrictiva que se diría que no la
administración no quiere soltar a los afectados hasta que su muerte no esté
asegurada. Los suicidios, asesinatos encubiertos, son un claro ejemplo del acoso
psicológico que padecen los internos, empujados por la desesperación, la falta de
atención (ya sea médica, jurídica, educativa, psicológica, social...) y ante el oscuro
horizonte que les presenta el encarcelamiento en esas condiciones.
El aislamiento, los cacheos, la intervención de las comunicaciones, etc., según
la ley, solo se pueden aplicar en casos muy específicos y bajo unos estrictos
requisitos; pero la realidad es que el personal penitenciario recurre a estas medidas,
especialmente al aislamiento prolongado, de manera sistemática, violando la
legalidad. Los recuentos nocturnos constituyen una medida considerada ilegal por la
misma LOGP pese a lo cual también se recurre a menudo a ella. Los traslados por
sorpresa utilizados como forma de sanción también son ilegales en teoría, pero se
realizan habitualmente vulnerando la legalidad y lo más importante, la seguridad,
dignidad e integridad de los presos. El trato degradante y humillante a los familiares
y la dispersión suponen un maltrato tanto para las familias como para el preso.
Todas estas medidas, por nombrar tan sólo algunas; constituyen el maltrato
institucionalizado en la prisión.
Pero el personal penitenciario sabe cubrirse bien las espaldas: las asociaciones
y sindicatos de carceleros recurren a astutas artimañas para justificar ante los mass
media la aplicación de estas medidas. Por un lado, aluden al aumento de la
población carcelaria, es decir, al hacinamiento, y por lo tanto, a la dificultad de
controlar a tantos presos, pero, sobre todo, justifican la tortura por las agresiones
que “sufren” por parte de los internos. Por ello reivindican, entre otras cosas, poder
disponer en los módulos de armas y manga ancha para actuar con más
contundencia aún. Apoyándose en la “presunción de veracidad” que el sistema
penal español atribuye a sus “partes disciplinarios”, no sólo maltratan a los presos,
sino que les acusan de agresiones hacia ellos para cubrirse de posibles denuncias.
Exageran sistemáticamente la “peligrosidad” de las personas encarceladas para
apoyarse en sus reivindicaciones laborales o en sus enfrentamientos, a menudo
politizados, con la SIGP, calificando, por ejemplo de “motín” o de “pelea
multitudinaria” hasta el más pequeño incidente, acusando falsamente a los presos
de racismo, de tráfico de drogas o de lo que se les antoja.
La realidad, sin embargo, es bien distinta, pues cualquier persona presa es
susceptible al maltrato: la falta de medios de cualquier clase para defenderse y de
humanidad entre el personal penitenciario pone al reo en una situación de total
vulnerabilidad. A cualquiera que sea crítico con el sistema carcelario, no acepte
alguna de sus injusticias o simplemente no caiga bien al carcelero de turno le
aplicarán estas “medidas coercitivas”. Además, el corporativismo que existe entre
carceleros, médicos, psiquiatras, educadores, trabajadores sociales, jueces, policías
y el conjunto del personal al servicio del sistema penal, hace cada vez más difícil
recoger las pruebas del maltrato, lo que supone que estas acciones queden casi
siempre impunes. La persona presa queda así en una situación de total indefensión.
La mayoría de las denuncias por maltrato caen en el vacío o bien conllevan más
sanciones y acoso por parte de los carceleros que siguen tratando día a día con la
persona que intentó denunciarles. Estos hechos, sumados a la falta de asistencia
jurídica real, acarrean que en la mayoría de las situaciones de maltrato el preso
prefiera no denunciar.
Mientras tanto Instituciones Penitenciarias, desde su Ministerio, se las da de
“progre” y asegura haber conseguido una notable “humanización” de la prisión en
los últimos tiempos, pero sabemos que sus movimientos suelen responder a una
obsesiva necesidad de limpiarse la cara y promocionar unos ciertos intereses,
económicos, políticos y propagandísticos. Lo único que han obtenido los presos de
la administración carcelera es vacío, olvido y más rencor hacia aquellos que osaron
levantar la voz entre los muros, indiferencia o represión ante sus reivindicaciones y
una total permisividad ante los abusos.
Desde el último informe publicado en este boletín en junio de 2010 hasta hoy
han sido numerosos los relatos de malos tratos que han salido a luz. Al no disponer
de demasiado espacio para poner el relato entero, os ofrecemos los extractos de
cada uno de ellos; aunque suficientes para dar a conocer la realidad carcelaria y el
horror que hace de los malos tratos el pan de cada día de la vida carcelaria.
Sabemos que son muchísimos más los casos de abuso en prisión, pero como ya
dijimos anteriormente, la falta de asistencia jurídica, el corporativismo, el miedo etc.
impiden que las denuncias salgan a la luz, con lo que el maltrato queda en la mayor
parte impune. Sin embargo, otras muchas denuncias han tirado y tiraran adelante si
se tratan en el debido momento y con las debidas herramientas.
El 12 de agosto de 2010, 90 reclusos del módulo 1 del centro penitenciario de
Badajoz firman un escrito en el que expresan su rechazo al modo en que se
desarrolla la actividad médica y sanitaria que reciben, “por falta de corrección en el
trato a los pacientes y desidia a la hora de recetar y de hacer el seguimiento a los
enfermos”, de modo que se les pone “en peligro”. Consideran la práctica médica
“alejada de las pautas deontológicas”. Y se quejan de que el médico pasa “consulta
una vez por semana” y que atiende solo “a los 15 o 20 primeros de la lista”. La
recogida de firmas la ha promovido José María Ortega en compañía de su esposa,
Matilde Báez, padres de Pedro Ortega Báez, fallecido en prisión el 11 de febrero de
2010, que consideran que su hijo no fue debidamente atendido por el servicio
médico de la prisión y mantienen que realizaron unas 30 llamadas telefónicas al
centro los días anteriores a la muerte de Pedro, “para pedir a los médicos que lo
vieran porque no estaba bien. Parece ser que fue medicado con medicamentos
incompatibles.
El 22 de octubre, Laureano Ortega Ortega, preso político de los GRAPO, que
había sufrido recientemente un episodio de preinfarto tras la obstrucción de una
arteria, se encuentra de nuevo en prisión. Tras tenerle unos días en la enfermería
de la prisión de Puerto III, se encuentra en aislamiento. Está sometido a un
tratamiento de al menos 6 meses de duración, pues además tiene problemas por
retención de líquidos. Se supone que estará con un régimen especial de comidas,
etc. pero sabiendo los “menús” alimenticios que en las cárceles se dan, suponemos
y nos tememos que la mejora no será muy sustancial. Además de lo que el régimen
de aislamiento supone. Los familiares se quejan de que apenas pueden visitarlo
pues ha sido trasladado a 1100 km. de su pueblo.
El 23 octubre, Isabel Aparicio, también presa política del PCE(r) cuenta en una
carta que sufre varias enfermedades y padecimientos graves: artrosis degenerativa
avanzada en los pies, rodillas y columna vertebral, hernias de disco y otros
problemas en las vértebras lumbares, osteoporosis, cataratas, sinusitis con
episodios de asfixia y tos insistente. Su estado de salud obligaría, si se aplicara
humanamente la ley vigente, a ponerla en libertad. En lugar de eso, permanece en
la cárcel sin unos mínimos cuidados médicos ni atención sanitaria suficiente y
alejada por la dispersión de sus familiares y amigos.
El 23 octubre Un funcionario de prisiones de Sevilla ha sido condenado a un
año y medio de cárcel y a pagar 60.242 euros de indemnización por propinar una
“fuerte bofetada con la mano abierta” a un preso, lo que le produjo perforación del
tímpano y le dejó como secuela una pérdida completa de audición. Los jueces
aplican al condenado la agravante de prevalerse de su cargo público para abusar
del preso.
El 24 octubre decenas de personas exigieron en Santutxu la libertad del preso
político Juan Pablo Diéguez, que sufre graves problemas de salud. Se le ha
extirpado un cáncer de próstata; padece fuertes dolores en los oídos y sordera,
vértigos, dificultades respiratorias que pueden ser terminales durante el descanso
nocturno, artrosis y artritis generalizadas.
A finales de octubre recibimos la siguiente carta: “El Centro Penitenciario
Puerto III es un centro de exterminio, en el que trabajan perros adiestrados por el estado fascista y capitalista español. Además de esto, les importa un bledo la
reinserción y resocialización del reo. Que no están por la labor de ayudar a que el
interno sea mejor persona y concienciar y preparar psicológicamente al reo para
cuando alcance la libertad.Además del trato degradante e inhumano que recibimos
diariamente, insultos, abusos de poder, etc. No se tiene en cuenta los sentimientos
y derechos de las personas ingresada en este centro de exterminio Puerto III, en el
que los derechos son vulnerados, pisoteados por parte de estos perros adiestrados
de este centro en concreto. Las represalias que tiene uno que aguantar por cojones,
las mentiras y manipulaciones por parte del equipo técnico. Además de los ladrones
de guante blanco que trabajan en dichos centros (ADMINISTRADOR, DIRECTOR),
todos comen de la misma olla y nadie quiere saber nada de nada…”
El 18 noviembre, en el Centro Penitenciario de A Lama, Pontevedra, se
encuentra un compañero preso gravemente enfermo, se llama Jesús Rodríguez
Collazo e ingresó en prisión en agosto del año 2009. Jesús padece SIDA y
Hepatitis C. Su familia esta preocupada y ha intentado ya por medio de la
participación de una abogada la excarcelación por enfermedad. Hasta la fecha tanto
la cárcel como la administración penitenciaria han puesto toda suerte de
impedimentos que han obligado a la familia a denunciar ante el Juzgado de Guardia
la falta de información y asistencia sanitaria.
Desde Puerto III denuncian, el 17 de noviembre, el abandono sanitariopsiquiátrico
al haberlo sufrido en primera persona: “Aquí en Puerto III la mayoría de
los suicidios son consecuencia de la desatención psiquiátrica, ya que no existe
atención ninguna, y de la incompetencia total de psicólogo/as y médicos de
cabecera (…) De ahí la mayoría de suicidios y la mayoría de linchamientos que
acaban en primer grado con sumarios penitenciarios que pagan y sufren los reos
cuando reivindican”.
El 29 de Noviembre, un compañero preso en Bonxe nos escribe tras observar
con impotencia como reciben un trato denigrante los familiares que van a visitar:
MMQ denuncia que “sacan fotos a todos los que vienen a comunicar fichando a los
familiares”.
El 6 de diciembre desde el C.P. Valdemoro, recibimos noticia de una tremenda
paliza, como celebración del día de la constitución, después del recuento matutino,
por parte de 10 o 12 carceleros que, sin motivo aparente se lían a golpes con un
recluso hasta romperle la nariz para, posteriormente dejarle en una celda de
aislamiento, desnudo en pleno invierno y esposado.
El 13 de diciembre, trasladan a un compañero luchador desde Madrid a Sevilla
II como represalia por sus denuncias y reivindicaciones.
El 17 de diciembre, el Tribunal supremo condena al subdirector de Langraitz
por abusos sexuales a dos presas. El 20 de diciembre, una compañera presa en Picassent, nos cuenta el calvario
por el que pasó en Estremera, siendo constantemente acosada y trasladada como
sanción. Ella decidió denunciar y a día de hoy hay abierto un expediente de
investigación a los carceleros, directores e implicados tanto en la paliza que le
dieron como en su encubrimiento: ”Cuando yo llegué al bunquer, me insultaron, me
vejaron, me pegaron entre siete funcionarias y esposada atrás. Me puse en huelga
de hambre y me cundaron para Topas (Salamanca)”. “Estando en Topas de mi
compañero solo pude disfrutar dos meses, puesto que me tenían de cundas
arbitrarias cada dos o tres meses. Después de ocho meses en Topas, con un
comportamiento ejemplar, no tenía partes, nada. Pero una vez más… sufro otra
represalia, me separan de mi marido y me llevan a Brieva (Ávila). Me quitan el
segundo grado por la cara y sin hacer nada y me dan el 75.1 que más tarde me
dicen que me voy a Picassent (Valencia) en primer grado. Me tuvieron 20 días en
Soto y cuando llegué a Picassent… pues más de lo mismo”.
El 30 de diciembre, una interna del centro penitenciario de Teixeiro denunció a
los servicios médicos de la cárcel después de sufrir una sobredosis de metadona.
Dice que, por error, le suministraron la dosis de una compañera, siete veces mayor
que la que ella necesita, haciendo gala de una notable falta de escrúpulos y de
tratamiento médico personalizado y digno.
En Enero de 2011, José Medina Lomas denuncia el reiterado abandono
sanitario que sufre desde hace más de un año. Antes preso en la cárcel de Morón y
ahora en Jaén II. Este es sólo un pequeño extracto de uno de sus múltiples
comunicados de denuncia: “Los muy perros andan lo mismo que en Morón.
Ocultando los resultados de las analíticas, negándose a darme un suplemento
nutricional, negándose a que se me realice la resonancia magnética –que por cierto
la tenía programada para el día 5-1-10 y fue abortada–, negándose a que se me
practique una radiografía de hígado a pesar de haber sido solicitada por el médico
de digestivo, –y que por cierto, he terminado denunciando hasta al propio digestivo,
porque el muy perro se negó a prescribirme un suplemento a pesar de no superar
los 47 Kg. de peso–. Y así, todo lo demás”.
El 2 de enero, C.C.Q, preso en la cárcel de Ponent, escribe denunciando
reiterados malos tratos y acoso por parte de los funcionarios de la prisión por ser
inmigrante y homosexual.
El 19 de enero de, condenan por abuso sexual a un carcelero de Alcalá-Meco.
El 20 de enero, el fiscal pide una condena de cuatro años de cárcel para el
funcionario Santiago P.S., al que acusa de un delito de torturas supuestamente
consumado cuando estaba adscrito al centro de preventivos de Tahiche, en
Lanzarote.
El 9 de febrero, desde el C.P. Brians II, Ángel López Ortega denuncia el sistema
DERT (FIES catalán) y la situación de sus compañeros: “El trato recibido por los
funcionarios es irrespetuoso, degradante y sometido a numerosas torturas
psicológicas, y aunque no me ha ocurrido a mí en esta ocasión, también me consta
que han torturado físicamente a otros compañeros”.
En 2010 el Centro de Documentación Contra la Tortura tuvo conocimiento de 41
muertes en las prisiones españolas. En lo que va de año ya conocemos 3 casos más de compañeros muertos y estos son sólo de los que tenemos constancia, no
sabemos cuántas muertes quedan en silencio.
El 17 de enero de 2011, un recluso de la prisión de Lledoners (Barcelona)
falleció víctima de una posible sobredosis por consumo de drogas, el 20 de febrero
de 2011, aparece muerto en su celda un joven de 28 años en la cárcel de Puerto III
(Cádiz) y también ese mismo día, un preso de 32 años que se hallaba recluido en
la cárcel de Topas (Salamanca) apareció muerto en la celda que ocupaba sin que
hasta el momento se conozcan las causas del fallecimiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario