Ante la serie de tergiversaciones e
interpretaciones sesgadas y tendenciosas a raíz de la revocación de la
medida cautelar del arresto domiciliario por parte de la Corte de
Apelaciones y mi posterior huida para evitar el arresto por parte de la
policía, me veo en la obligación de de levantar la voz y aclarar
cuestiones fundamentales relacionadas con mi caso, las irregularidades,
mentiras y presiones políticas existentes.
En primer lugar debo aclarar que mi huida
jamás tuvo por objetivo una fuga para evitar el juicio. Se trató de un
acto de protesta ante el hecho principal que es la ilegalidad de la
prisión preventiva en las actuales circunstancias en que mi juicio se
encuentra suspendido por un requerimiento presentado por el Ministerio
del Interior ante el Tribunal Constitucional.
De esta forma, a 3 meses
de terminada la preparación de juicio oral, me encuentro en una
situación jurídica anómala al dictárseme prisión preventiva y no
encontrarme ni en etapa de investigación, ni en preparación de juicio
oral, ni en juicio oral, sino en una especie de limbo jurídico,
acusado por una Ley Antiterrorista de una dictadura (hecho que en
cualquier país civilizado sería un escándalo, pero aquí es algo normal),
con el caso intervenido políticamente por el Ministerio del Interior y
la utilización política de mi caso como “caballo de batalla” en la
furibunda campaña contra los llamados “jueces garantistas” en la que
confluyen el gobierno, el duopolio de la prensa escrita y los sectores
conservadores del país, todo en aras del populismo punitivo que quiere
convertir la llamada “reforma a la reforma” en su primer hito y
conquista política. Ejemplo de esto último es que han entrado a cacarear
los diputados fascistas María Angélica Cristi y Cristián Letelier,
representantes de la ultraderecha y férreos defensores del terrorismo de
estado y los crímenes de lesa humanidad en este país. Esa es la clase
de gente que pretende erigirse en juez y parte, colaborando con la horca
en la que se me pretende ejecutar en la plaza pública, sin derecho a
defensa.
La situación ilegal de mi prisión
preventiva, la presión política y las múltiples irregularidades,
contradicciones y mentiras en mi caso han sido denunciadas en varias
ocasiones en las audiencias en el tribunal por mis abogados Rodrigo
Román y Julio Cortés, sin embargo han sido silenciadas sistemáticamente
por parte importante de la prensa. Al contrario, el foco ha sido puesto
en aspectos anecdóticos e incluso interpretaciones mañosas y
malintencionadas, como la exposición del Juez Gallardo presentándolo
como protagonista relevante de “los jueces garantistas”, llamándole “el
juez que lo liberó dos veces”, en circunstancias que sólo ha sido
alguien serio que sólo ha hecho su trabajo y ha llamado la atención
sobre las especulaciones policiales, aspecto que no parece llamar la
atención de la prensa, seguramente preocupada de cosas más importantes. O
poniendo como el hecho central si carabineros fue o no al control
domiciliario. Lamentablemente la Corte de Apelaciones se hizo parte de
estas frivolidades y aspectos de segundo orden, señalando además que “no
existe” ningún antecedente nuevo que cambie la necesidad de la prisión
preventiva. ¿No es acaso un nuevo antecedente el fallo que rechazó anular el fallo en el Caso Pitronello
por la misma Corte de Apelaciones? ¿No es acaso un antecedente nuevo
que mi juicio está suspendido por 3 meses y que se pretende esté
suspendido al menos por dos meses más ya que el Tribunal Constitucional
tendrá redactada su sentencia –con suerte- en Marzo? Esto último lo supe
al ir con mis abogados personalmente al Tribunal Constitucional donde
fui autorizado por el 13° Juzgado de Garantía a salir durante 4 horas
luego de las cuales volví, ya que cumplí estrictamente el arresto
domiciliario todos los días hasta el viernes 7 de diciembre.
Pero lo más irritante de la resolución de
la Corte de Apelaciones es que “les parece grave que Carabineros no
haya realizado el control”. ¿Así que eso es lo que le parece grave? ¿No
parece grave que los funcionarios de la PDI mientan en su declaración;
que no patrullaban en la dirección que indican, que no me vieron salir
del epicentro de la explosión; que es imposible que la explosión les
moviera la camioneta pues llegaron mucho después que ésta ocurrió; que
es mentira que yo era el único transeúnte pues había más gente, incluso
un ciclista; que jamás boté ningún polerón y que dicha prenda no tiene
mi ADN?. En definitiva que mienten al decir que fueron testigos
presenciales porque no lo fueron y que todo esto que señalo está grabado
en una cámara de un banco cercano al BCI y aparece en un informe de la
Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (DIPOLCAR) al que tuvo
acceso El Mercurio publicando un artículo, pero sin entrar en lo
medular, que la Policía de Investigaciones no fue testigo presencial de
los hechos como dice su declaración. ¿No parecen lo suficientemente
grave estos hecho Señores Ministros?. Para qué mencionar las
“filtraciones a la prensa de parte de la fiscalía, el prejuzgamiento y
la condena mediática, el que El Mercurio haya tenido acceso a la carpeta
investigativa cuando estaba en calidad de investigación secreta y se le
negaba el acceso a mi defensa, pero no a cierta parte de la prensa ¿No
es eso grave?¿No vulnera la presunción de inocencia? ¿No atenta contra
el debido proceso la condena mediática previa? ¿No fue grave cuando El
Mercurio se hace parte de la mentira de la DIPOLCAR en un reportaje de
media página vinculándome a Luciano Pitronello, hecho absolutamente
falso?
Pero hay más ¿No es grave y no constituye
un atropello los peritajes del Laboratorio de Carabineros hechos a la
medida de las necesidades de los querellantes, con especulaciones,
visiones sesgadas, sin ningún fundamento científico serio, con
conclusiones que van contra la lógica más elemental? ¿No es grave que el
Ministerio del Interior me acuse de colocar una bomba en la Automotora
One, a una hora en la que me encontraba en una reunión de equipo en Lo
Espejo? Hecho que aparece en la carpeta investigativa, y que no ofrezca
ninguna prueba concreta, salvo una conjetura ridícula, una especulación
hecha para dejarme preso. ¿No es grave la intervención política, el afán
dilatorio con que se acude al Tribunal Constitucional?, todo para poder
utilizar mi caso y sacar el rédito político necesario en un año
electoral. Pero todas estas preguntas a nadie parecen interesarles, no
hay voz disidente la opinión publica parece abandonada a ser caja de
resonancia de las versiones de la fiscalía metropolitana sur, pese a sus
antecedentes mafiosos y a sus técnicas sucias propias del equipo de
Alejandro Peña, muchos de los cuales están en pleno ejercicio y que
fueron parte del ridículo delirio llamado Caso Bombas. Sólo por
mencionar un hecho, el fiscal Barros, la noche de mi detención trató de
vincular a mi esposa en el atentado al BCI, por el solo hecho de haber
estudiado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano a esta
altura como ya no sorprende nada, no es raro que los Señores de la Corte
de Apelaciones estos hechos no le parezcan graves.
El tono y el contenido de la Corte de
Apelaciones, y la situación de intervención política y de dilación para
que mi juicio coincida con un año electoral son la gota que rebalsó el
vaso. Ante este hecho me rebelo y decido evitar la detención. Volveré
solo cuando el juicio vuelva a su cause normal y la prisión preventiva
deje de ser ilegal, y por tanto una herramienta de la razón de Estado
para castigar a quienes no agachan la cabeza.
Escribe para ustedes desde algún frío lugar de la Acrópolis
Hans Felipe Niemeyer Salinas
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3/enero/2013
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