Juicio a 6 personas por luchar contra la especulación inmobiliaria en la Casa del Aire y el Albayzín de Granada

Tras ocho años de lucha contra la especulación inmobiliaria en el Albayzin de Granada, 6 vecinos y solidarios con la Casa del Aire se enfrentan el próximo 3 de octubre a un juicio por usurpación y coacciones. En total la pena máxima (sumadas todas) por los delitos imputados asciende a 13.000 euros de multa más 40.000 euros en indemnizaciones a las que habría que sumar las costas del juicio y doce años de prisión. Es decir, que después de dedicar años a luchar contra la especulación en el barrio y por defender este inmueble las personas juzgadas tendrían que pagar una millonada a quienes han destrozado el bloque y el barrio.


Mientras se criminaliza a quién defiende los derechos de muchas personas, se continúa “rescatando” a los culpables de estas mismas situaciones.

¡¡Nuestras vidas no están en venta!!
¡¡¡La lucha es el único camino!!!

Juicio a 6 personas por luchar contra la especulación inmobiliaria en la Casa del Aire y el Albayzín de Granada

En estos últimos años en los se han intensificado las dificultades socio-económicas a lo largo y ancho del globo, uno de los derechos supuestamente defendidos por la Constitución, que más se ha vulnerado es el de la vivienda. Desde hace un par de años, hemos visto cómo los conflictos relacionados con este tema han crecido. A las viejas prácticas de los “asustaviejas”, propias de la especulación inmobiliaria, se le han ido sumando nuevos frentes como el de las hipotecas y los desahucios. Sólo en Granada ha habido casi 4.000 embargos hipotecarios en los útimos dos años, es decir, 4.000 familias en la calle por no poder pagar al banco la hipoteca.

Sin embargo, a pesar de que las dificultades económicas han afectado a bancos e inmobiliarias, estos continúan utilizando prácticas especulativas y presionando a los vecinos para que abandonen sus casas.

La Casa del Aire ha sido y es uno de los ejemplos más visibles de este tipo de prácticas con fines especulativos. Tras ocho años de lucha, los vecinos de la casa, especialmente el que permanece viviendo allí, siguen sufriendo el hostigamiento de los propietarios Edivara SL - Inmobiliaria Sol. Las acciones de esta empresa se han repetido a lo largo de estos años:

• Busca constante de la declaración de ruina del edificio: lo que les permitiría deshacerse de los vecinos que permanezcan en el inmueble. Esto lo han hecho tanto de forma pasiva, dejando que la propia casa se deteriore, no acometiendo los arreglos necesarios para mantener la habitabilidad... y también de forma activa, destrozando viviendas vacías, rompiendo techos, tapiando viviendas con las ventanas abiertas, etc.
• Ataque a los suministros: a través del impago de los gastos de agua y luz que les corresponden e, incluso, cortando los suministros de la casa (actualmente llevan más de dos años sin luz en la escalera). Además, la inmobiliaria cortó hace cinco años el agua a la mitad del bloque y, si los vecinos no lo hubieran impedido por derecho, habría cortado el suministro a la otra mitad dejando todo el edificio sin agua. De la misma manera, la empresa no ha pagado los gastos de agua que ellos han causado, cargándolos al último vecino.
•   No reconocimiento del contrato indefinido del vecino que queda: pretendiendo cambiar la duración del contrato para poder librarse del inquilino, que tuvo que recurrir a los juzgados para que éstos ratificaran lo que ya sabía: que su contrato es indefinido.
• No aceptación del pago de la renta de los inquilinos: con lo que intentaban desahuciar a los vecinos por impago.
• Presión psicológica a los vecinos: impidiendo visitas de amistades al inmueble; bloqueando el acceso por la parte de Beteta y manteniendo los espacios comunes sin luz; constantes ruidos de obras que se materializaban en montañas de escombro; alargando el tiempo para el arreglo de desperfectos de la casa, lo que en el mes de junio tuvo como consecuencia que el vecino de la casa haya tenido que utilizar la bañera como fregadero.

Las administraciones públicas y judiciales no sólo no han actuado ante todo este desproposito, sino que han potenciado que empresarios de esta índole arrasen con la población del barrio. Todo ello, apoyándose en una normativa que facilita estas situaciones (plazos de ejecución eternos, múltiples posibilidades de recursos, sentencias que no se ejecutan...) y en unas leyes que amparan a los propietarios (inmobiliarias, bancos) y perjudican a los inquilinos.

A todo esto hay que añadir que los vecinos y solidarios con la casa del aire han sido los que se han preocupado activamente del mantenimiento del inmueble y de sus habitantes, y de denunciar los procesos especulativos de los que la Casa del Aire es sólo un ejemplo. El último movimiento fue la primera querella por acoso inmobiliario en Andalucía realizada por el grupo Stop Desahucios de Granada junto con el grupo de juristas 17 de Marzo y que se interpuso el 28 de junio de este año.

A cambio, estos vecinos y solidarios están padeciendo la represión económica desde las administraciones públicas y judiciales, a través de grandes cuantías en multas (más de 5.000€ por manifestarse y denunciar públicamente los hechos) y el sometimiento a mútiples juicios (por repartir octavillas, por oponerse a los desahucios...) que acumulan más de 10.000€ en gastos. Una criminalización que continúa el 3 de octubre cuando serán juzgados seis vecinos y solidarios con la Casa del Aire por usurpación y coacciones. Por estos delitos se les pide a cada uno un año y nueve meses de cárcel y seis meses de pena multa que supondrían más de 2000 euros, además de órdenes de alejamiento de la Casa del Aire y de la inmobiliaria. En total la pena máxima sumadas todas asciende a 13.000 euros de multa más 40.000 euros en indemnizaciones a las que habría que sumar las costas del juicio y doce años de prisión. Es decir, que después de dedicar años a luchar contra la especulación en el barrio y por defender este inmueble las personas juzgadas tendrían que pagar una millonada a quienes han destrozado el bloque y el barrio.

A pesar de haber seis personas imputadas, no debemos personificar el conflicto, ya que lo que se juzga realmente es la lucha contra la especulación, contra las normativas que lo amparan y los agentes que la promueven. Mientras que los bancos son rescatados con dinero público, a quienes defendemos el derecho a la vivienda se nos multa y criminaliza (un ejemplo de ello es nuestro propio grupo Stop Desahucios, que acumula ya más de 15.000 euros en multas por oponernos a que las familias sean desalojadas de sus casas). Esta vez se juzga la lucha de la Casa del Aire, pero hay muchas otras cosas en juego. Y estos cargos que se imputan (usurpación y coacción) son sólo una de las formas usadas para intentar acallar y eliminar a la resistente vecindad que lucha por defender la dignidad y los derechos de una casa de vecinos, de un barrio, de una sociedad.
Desde Stop Desahucios Granada reivindicamos la importancia de seguir luchando contra todos los desalojos, por la puesta en uso de viviendas vacías y por el cambio de la normativa y las leyes que permiten este tipo de situaciones.


Por todo esto te invitamos a participar en la concentración en apoyo a las personas juzgadas que tendrá lugar la mañana del 3 de octubre a las 10.00 frente a los juzgados de la Caleta.


Nuestras vidas no están en venta
La lucha es el único camino