Quienes pretendían rememorar la dignidad de las víctimas de la matanza estudiantil del 2 de octubre del 68, se convierten en víctimas de una nueva masacre.
Resumen de lo acontecido en Iguala (Guerrero, México) desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre.
**Normalistas: Estudiantes de las llamadas Escuelas Normales Rurales. Escuelas de segundo grado, medio y superior, orientadas a la formación profesional-rural situadas en contextos rurales (la mayoría geográficamente aislados) y con una tradición de lucha política y social por la tierra y derechos de los indígenas y agricultores, de tendencia abiertamente marxista.
El viernes 26 de
septiembre, en Iguala, pueblo del Estado de Guerrero, en México, los
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa pretenden recaudar fondos
económicos para la movilización del 2 de octubre en la capital, utilizando para movilizarse cuatro autobuses. Según reportes
oficiales, es cuando pretenden conseguir otros 3 autobuses que se inicia la
intervención policial y comienza un trágico conflicto. A lo largo de esa tarde
y la noche, estudiantes denuncian que policías municipales y presuntos
pistoleros emprendieron ataques armados contra alumnos de la Escuela Normal
Rural de Ayotzinapa, dejando seis personas muertas, 17 heridas y medio centenar de desaparecidos.
En esa ofensiva policial, resulta atacado con
disparos a un autobús de un equipo de futbol juvenil, por la carretera Iguala-Acapulco, produciendo
la caída del transporte por un barranco y causando el fallecimiento de 1
pasajero (14 años), chofer y 2 personas que viajaban en esa carretera y sufrieron
el suceso. El hecho de que las víctimas fuesen menores y ajenas a la
movilización estudiantil, permitió que los medios de comunicación, también internacionales, se hiciesen
mayor eco de lo ocurrido.
A la mañana del
sábado 27, la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) de Guerrero
confirma 6 muertes (3 de ellos estudiantes), 17 heridos y el inicio de una
investigación. Ordenan desarmar y agrupar a la policial local de Iguala. El
último cuerpo encontrado es el de un estudiante, en el principal lugar del suceso en la mañana del sábado, con el rostro desollado. Estudiantes de la
normal rural, Guerrero, y maestros de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandaron también el cese de todo acto
de "represión y hostigamiento, porque ya van cinco compañeros muertos
desde 2011, y vemos un ataque directo por parte de las fuerzas de gobierno y
policiaca contra los normalistas".
La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos anuncia una investigación propia paralela a la
oficial.
Se informa que
varios vehículos, entre las unidades tomadas por los normalistas y algunos
particulares, presentaron impactos de arma de fuego calibre 223, usado en los
fusiles AR-15 y de AK-47.
El domingo 28 de
septiembre La seguridad de la zona pasa a manos de la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Civil del estado, el Ejército, la Policía Federal y la
Procuraduría de Justicia, habiendo declarado 280 policías municipales, de los
que quedaron en libertad 258 de ellos. Además, otras 22 personas siguen en
arresto por presuntas responsabilidades. Por otra parte, familiares de los
estudiantes denuncian la desaparición de 57 de sus hijos e hijas e inician su
búsqueda, paralelamente a la que las distintas fuerzas de seguridad inician.
Empiezan a aparecer las primeras incurrencias y desconciertos entre distintos
cuerpos oficiales (servicios médicos, identificación de cadáveres y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos). Indicaron
que las instalaciones de la normal son resguardadas por policía comunitaria de Ixtla.
Durante esos días,
hay distintas movilizaciones para exigir se clarifiquen los hechos. Aparecen 14
estudiantes, quedando aún 43 desaparecidos. Las investigaciones avanzan. Todas
las autoridades hablan de volcar todos sus esfuerzos en detener y juzgar a los
responsables, costándoles hablar de los desaparecidos. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos, con sede en Washington, pidió al gobierno mexicano que
"implemente las medidas necesarias para localizar a los normalistas y
proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal".
El 3 de octubre La
Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero dice haber identificado a los
presuntos responsables del homicidio y de los hechos del 26 de septiembre en
Iguala y que al día siguiente anunciará sus nombres.
El día 4 de octubre
hallan fosas clandestinas ubicadas a unos 15 kilómetros
del lugar donde ocurrieron los ataques del viernes 26 de septiembre
Tras distintas especulaciones, a día 5 de octubre
se confirmó que han sido exhumados 28 cuerpos de las fosas clandestinas
ubicadas en un terreno de Iguala, 9 de ellos solo son restos óseos por ser
calcinados, quedando a determinación científica que sean los cuerpos de los
normalistas. En cambio, las familias y compañer@s de los desaparecidos centran
sus demandas en la presentación con vida de sus allegados, contando con
evidencias gráficas de sus secuestros. Se evidencia aquí el temor a que estén
presos en alguna cárcel clandestina y/o expuet@s a torturas. Se niegan a
comunicarse con el gobernador del Estado de Guerrero (Partido Revolucionario
Democrático) Ángel Aguirre Rivero al que acusan
de asesino y también responsable directo de lo ocurrido, instando al gobierno
nacional de que asuma el mando.
Este punto ha sido utilizado como tiradero de
cadáveres por el grupo delictivo al que pertenecen policías municipales y
sicarios, afincado en esa ciudad y dirigido por Salomón Pineda Villa El
Molón, cuñado del alcalde José Luis Abarca Velázquez (PRD), el cual se haya
en paradero desconocido a raíz del múltiple asesinato. De cualquier manera, los
normalistas hacen plenos responsables a la policía y autoridades públicas: “No sabemos cómo está la narcopolítica, no inmiscuimos a
ese tipo de personas aquí porque no tienen nada que ver en ese sentido. Los que
se llevaron a los compañeros fueron los policías municipales, por eso los
culpamos a ellos”, afirma un representante de los normalistas.
Mientras, el Ministerio Público determinó solicitar
una orden de aprehensión en contra del secretario de Seguridad Pública, Felipe
Flores Velázquez y el director de la Policía Municipal, Francisco Valladares
por el delito de homicidio, desaparición forzada y delincuencia
organizada. En tanto que 22 uniformados ya fueron consignados por los mismos
delitos y actualmente se encuentran presos en la cárcel de Acapulco.
Las movilizaciones públicas, ataques a
representantes del gobierno y el flujo de información en internet y redes
sociales va en aumento a medida que se van conociendo más detalles. Parte de la
información se está obteniendo de los policías del municipio como protesta por
no recibir los incentivos económicos por el servicio prestado y por las
condiciones a las que han sido expuestos. La vinculación entre narcotráfico,
paramilitarismo y gobierno se evidencian nuevamente, en esta ocasión con el
PRD, partido político de la denominada nueva izquierda.
Escrito a partir de artículos de Proceso, La
Jornada, Desinformémonos y BBC.
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