lunes, 6 de octubre de 2014

Nueva matanza estudiantil en México



Quienes pretendían rememorar la dignidad de las víctimas de la matanza estudiantil del 2 de octubre del 68, se convierten en víctimas de una nueva masacre. 
Resumen de lo acontecido en Iguala (Guerrero, México) desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre.

**Normalistas: Estudiantes de las llamadas Escuelas Normales Rurales. Escuelas de segundo grado, medio y superior, orientadas a la formación profesional-rural situadas en contextos rurales (la mayoría geográficamente aislados) y con una tradición de lucha política y social por la tierra y derechos de los indígenas y agricultores, de tendencia abiertamente marxista.

El viernes 26 de septiembre, en Iguala, pueblo del Estado de Guerrero, en México, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa pretenden recaudar fondos económicos para la movilización del 2 de octubre en la capital, utilizando para movilizarse cuatro autobuses. Según reportes oficiales, es cuando pretenden conseguir otros 3 autobuses que se inicia la intervención policial y comienza un trágico conflicto. A lo largo de esa tarde y la noche, estudiantes denuncian que policías municipales y presuntos pistoleros emprendieron ataques armados contra alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dejando seis personas muertas, 17 heridas y medio centenar de desaparecidos.


En esa  ofensiva policial, resulta atacado con disparos a un autobús de un equipo de futbol juvenil,  por la carretera Iguala-Acapulco, produciendo la caída del transporte por un barranco y causando el fallecimiento de 1 pasajero (14 años), chofer y 2 personas que viajaban en esa carretera y sufrieron el suceso. El hecho de que las víctimas fuesen menores y ajenas a la movilización estudiantil, permitió que los medios de comunicación, también internacionales, se hiciesen mayor eco de lo ocurrido.

A la mañana del sábado 27, la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) de Guerrero confirma 6 muertes (3 de ellos estudiantes), 17 heridos y el inicio de una investigación. Ordenan desarmar y agrupar a la policial local de Iguala. El último cuerpo encontrado es el de un estudiante, en el principal lugar del suceso en la mañana del sábado, con el rostro desollado. Estudiantes de la normal rural, Guerrero, y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandaron también el cese de todo acto de "represión y hostigamiento, porque ya van cinco compañeros muertos desde 2011, y vemos un ataque directo por parte de las fuerzas de gobierno y policiaca contra los normalistas".
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anuncia una investigación propia paralela a la oficial.
Se informa que varios vehículos, entre las unidades tomadas por los normalistas y algunos particulares, presentaron impactos de arma de fuego calibre 223, usado en los fusiles AR-15 y de AK-47.

El domingo 28 de septiembre La seguridad de la zona pasa a manos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado, el Ejército, la Policía Federal y la Procuraduría de Justicia, habiendo declarado 280 policías municipales, de los que quedaron en libertad 258 de ellos. Además, otras 22 personas siguen en arresto por presuntas responsabilidades. Por otra parte, familiares de los estudiantes denuncian la desaparición de 57 de sus hijos e hijas e inician su búsqueda, paralelamente a la que las distintas fuerzas de seguridad inician. Empiezan a aparecer las primeras incurrencias y desconciertos entre distintos cuerpos oficiales (servicios médicos, identificación de cadáveres y la Comisión Estatal de Derechos Humanos). Indicaron que las instalaciones de la normal son resguardadas por policía comunitaria de Ixtla.

Durante esos días, hay distintas movilizaciones para exigir se clarifiquen los hechos. Aparecen 14 estudiantes, quedando aún 43 desaparecidos. Las investigaciones avanzan. Todas las autoridades hablan de volcar todos sus esfuerzos en detener y juzgar a los responsables, costándoles hablar de los desaparecidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, pidió al gobierno mexicano que "implemente las medidas necesarias para localizar a los normalistas y proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal".

El 3 de octubre La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero dice haber identificado a los presuntos responsables del homicidio y de los hechos del 26 de septiembre en Iguala y que al día siguiente anunciará sus nombres.

El día 4 de octubre hallan fosas clandestinas ubicadas a unos 15 kilómetros del lugar donde ocurrieron los ataques del viernes 26 de septiembre

Tras distintas especulaciones, a día 5 de octubre se confirmó que han sido exhumados 28 cuerpos de las fosas clandestinas ubicadas en un terreno de Iguala, 9 de ellos solo son restos óseos por ser calcinados, quedando a determinación científica que sean los cuerpos de los normalistas. En cambio, las familias y compañer@s de los desaparecidos centran sus demandas en la presentación con vida de sus allegados, contando con evidencias gráficas de sus secuestros. Se evidencia aquí el temor a que estén presos en alguna cárcel clandestina y/o expuet@s a torturas. Se niegan a comunicarse con el gobernador del Estado de Guerrero (Partido Revolucionario Democrático) Ángel Aguirre Rivero al que acusan de asesino y también responsable directo de lo ocurrido, instando al gobierno nacional de que asuma el mando.

Este punto ha sido utilizado como tiradero de cadáveres por el grupo delictivo al que pertenecen policías municipales y sicarios, afincado en esa ciudad y dirigido por Salomón Pineda Villa El Molón, cuñado del alcalde José Luis Abarca Velázquez (PRD), el cual se haya en paradero desconocido a raíz del múltiple asesinato. De cualquier manera, los normalistas hacen plenos responsables a la policía y autoridades públicas: “No sabemos cómo está la narcopolítica, no inmiscuimos a ese tipo de personas aquí porque no tienen nada que ver en ese sentido. Los que se llevaron a los compañeros fueron los policías municipales, por eso los culpamos a ellos”, afirma un representante de los normalistas.

Mientras, el Ministerio Público determinó solicitar una orden de aprehensión en contra del secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez y el director de la Policía Municipal, Francisco Valladares por el delito de homicidio, desaparición forzada y delincuencia organizada. En tanto que 22 uniformados ya fueron consignados por los mismos delitos y actualmente se encuentran presos en la cárcel de Acapulco.

Las movilizaciones públicas, ataques a representantes del gobierno y el flujo de información en internet y redes sociales va en aumento a medida que se van conociendo más detalles. Parte de la información se está obteniendo de los policías del municipio como protesta por no recibir los incentivos económicos por el servicio prestado y por las condiciones a las que han sido expuestos. La vinculación entre narcotráfico, paramilitarismo y gobierno se evidencian nuevamente, en esta ocasión con el PRD, partido político de la denominada nueva izquierda.

Escrito a partir de artículos de Proceso, La Jornada, Desinformémonos y BBC.

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