viernes, 21 de febrero de 2014
De protegidos a la máxima condena a menores gracias a una fiscal en Granada.
La fiscal de menores abandonó apresuradamente el “centro de protección” para chavales desamparados y cumplió con su “función de inspeccionar” el establecimiento en cuestión… Sucedió en Granada en marzo del pasado año 2013. La burguesa jurista se encontró con un presunto motín poco después de entrar en el inmueble… quizás si hubiera ido antes, esto no hubiera pasado.
Los responsables de la presunta revuelta fueron cuatro de los chicos alojados en el centro (por supuesto, la situación en el centro sería maravillosa, y l@s educadores/as gente fantástica), tres de los cuales han sido condenados ahora por la comisión de un delito de coacciones y otro de daños. Indefensión plena de menores una vez más, cuya protección habría que ver cual era… y cuya defensa habría que ver cual fue en el juicio. Del poderío jurídico de la burguesa fiscal, y sobre todo económico, no hay dudas.
Dos de los procesados deberán permanecer encerrados en un correccional, que es la pena más grave que puede imponerse a un menor, durante 16 meses.
Cuando salgan, estarán vigilados durante otros ocho meses. El castigo para el tercer implicado ha sido un año de libertad vigilada.
El cuarto joven que presuntamente intervino en la presunta algarada está en busca y captura.
Según el relato de los hechos elaborado por la propia fiscalía de Menores de Granada (¿Juez y parte a la vez?), los muchachos se pusieron de acuerdo para protestar ante la llegada de la burguesa. La resolución judicial no se detiene a analizar las razones de los MENORES DESAMPARADOS, aunque menciona una de sus presuntas reivindicaciones: querían ropa nueva… el resto, no se sabe porque, no se publica… o no se quiere publicar.
La junta de Andalucía, la institución que se hace cargo de la tutela de los niños que están en situación de desamparo, paga un pastón a siniestras asociaciones que se forran. Algunas de estas poco públicas asociaciones, si hay algún menor mínimamente rebelde, se dedican a enviar informes constantes a la junta de andalucía para que dicho menor o menores vayan a “centros de modificación de conducta”, siniestros espacios donde perder los nervios, liarlas, y que te condenen a centro cerrado, cárcel de menores… algo muy parecido a lo que ha parecido en este caso.
Gritaban sin parar y exhibían una actitud «chulesca», dice textualmente la sentencia. Los revoltosos (ya gracias a la fiscal, PRESOS) presuntamente golpeaban los muebles y presuntamente exigían prendas de vestir nuevas. La fiscal estaba reunida en esos instantes con la directora del centro y los procesados interrumpieron presuntamente en varias ocasiones ese encuentro. Incluso hicieron pedazos un pantalón delante de las dos mujeres. Delitos gravísimos…
Los chavales habían conseguido, mediante coacciones (no se describen cuales), boicotear la visita de la patética representante del ministerio público, de vida resuelta. Los acusados presuntamente causaron destrozos en varios despachos ¿Cuantos habría en un centro de protección de menores? ¿Más que habitaciones para los menores?. También presuntamente amenazaron con pegarle fuego al centro de acogida lleno de despachos.
El día del juicio, los tres alborotadores que fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades estaban ya machacados. La “sumisión” que había generado la fantástica educación sufrida supuso que ni siquiera fuera necesario que se celebrase la vista oral. Aconsejados por no se sabe que abogad@, seguramente cualquier lumbrera de oficio, “reconocieron sus culpas” y sufren ya las penas que solicitaba para ellos la fiscalía de Menores (juez y parte, repetimos), la misma institución contra la que se habían rebelado unos meses antes, y que ahora se vengaba con creces. Esta es la reeducación y reinserción de menores. Esta es la fantástica labor de la mítica fiscalía: de menores protegidos, a menores condenados. Arriba españa… o mejor, derriba españa.
Fuente de la noticia: prensa burguesa, capitalista y ultraderechista.
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