Ahora que estoy leyendo “La violación a los derechos humanos en los Estados Unidos”, libro compartido por un compañero de lucha solidario, noté situaciones parecidas a la mía en relación a la “posible sustracción de la justicia” y la “peligrosidad social”, una es el caso de 2 de los 16 puertorriqueños detenidos en los 80 por agentes del FBI acusados de pertenecer a un “grupo terrorista”, denominado “Los Macheteros” y de cometer un robo que “habría sido consumado para financiar las actividades de esa organización, favorables a la separación de Puerto Rico del bozal colonial estadounidense”.
El autor dice: “Fuera de esa base circunstancial, el FBI no habría logrado establecer evidencia tangible de la complicidad de los procesados con el delito. Ello no impidió que el caso se haya transformado en lo que algunos abogados consideran que es el ‘litigio criminal más prolongado y complejo en la justicia federal’. En el caso de Ojeda Ríos y Juan Segarra Palmer, continúan en prisión rigurosa en la que llevan más de 34 meses, una situación que los convierte en los procesados que mayor tiempo han pasado en detención preventiva en la historia judicial de E.U. El juez Clarie lo justificó ‘por el alto riesgo de que no se presenten nuevamente ante la corte’.
El presidente Reagan promulgó en 1984 una reforma a la ley atinente a la prisión preventiva (Preventive Detention Bail Reform Act), la que permite retener en prisión, sin concederles el beneficio a la fianza, a las personas a las que los jueces consideren ‘peligrosas’ o que puedan fugarse a pesar de haber pagado altas sumas de garantía legal. Si bien a principios de 1987 una corte del segundo circuito declaró que la Ley de Reforma de Fianza era incostitucional, el mayo de ese año la Corte Suprema de Justicia declaró su validez. Ello motivó los siguientes comentarios del preso Segarra Palmer: ‘El derecho a la fianza no lo hemos perdido sólo nosotros, sino todos los ciudadanos de E.U., y eso implica que la presunción de que un ciudadano es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ha sido anulada y revertida, ahora la persona es cupable hasta tanto se pruebe su inocencia.’
Quiero recalcar que tanto la peligrosidad como el supuesto de que nos podamos fugar han sido los pretextos por medio de los cuales los jueces mantienen tras las rejas a much@s pres@s polític@s, como en el caso que acabo de comentar, en el mío y en el de much@s más. En el caso de las detenciones del 2 de octubre es obvia la complicidad de la SSP, el MP y la juez Marcela junto con todo el aparato de gobierno para ocultar los videos donde se evidencía todo el abuso de autoridad cometido contra mi y l@s procesad@s.
20 de diciembre 2013
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