Aminetu Haidar defendió en la audiencia nazional la
necesidad de juzgar a los responsables del ejército y policía marroquíes
que, según ha denunciado, han llevado a cabo el "secuestro y la tortura
sistemática" de saharauis en las últimas décadas. "No tengo
confianza en Marruecos pero hay que hacer justicia", dijo la semana pasada.Haidar, que ha declarado como testigo ante el juez Pablo Ruz en el marco de la causa en la que se investiga el genocidio y las torturas en el Sáhara entre 1976 y 1987, ha denunciado que las violaciones de derechos humanos continúan produciéndose "diariamente" en Marruecos con el objetivo de "eliminar al pueblo saharaui" y que los responsables de esos actos "siguen en sus cargos", mientras se celebran "juicios injustos y sin base jurídica" contra quienes se oponen a esa política.
"Espero que se haga justicia y tengo confianza en la Audiencia Nacional y en el juez Pablo Ruz. Hay una doble responsabilidad de España, que sigue siendo potencia administradora del Sáhara Occidental, que tiene responsabilidad de hacer justicia e investigar y condenar a responsables implicados en esos crímenes", ha afirmado Haidar tras su declaración judicial.
La activista, que a finales de 2009 permaneció 32 días en huelga de hambre tras ser expulsada ilegalmente de El Aaiún, ha relatado como "víctima directa" de las torturas que sufrió "un secuestro ilegal", permaneció varios días con los "ojos vendados" y fue "torturada". "Se produjeron actos violentos, maltratos y abusos sexuales contra mujeres", ha explicado.
Apoyada por una decena de activistas que portaban banderas del Sáhara Occidental y gritaban consignas como "Marruecos culpable, España responsable", Haidar también ha querido lanzar "un mensaje de agradecimiento y gratitud" a "una parte del pueblo español" por el apoyo que ha dado a los defensores de su causa. "También querríamos que esa solidaridad tenga otros aspectos de apoyo que sean políticos y más avanzados", ha añadido.
La compareciente tenía previsto declarar como testigo el pasado 11 de mayo de 2011 aunque diversos problemas en su estado de salud fueron retrasando su declaración, que finalmente ha quedado fijada para este miércoles.
El responsable del juzgado central de instrucción número 5 reactivó esta causa, que fue abierta por Baltasar Garzón en diciembre de 2007, tras preguntar al ministerio de "justicia" si Marruecos había dado contestación a la comisión rogatoria que su antecesor cursó en octubre de 2008 para dar traslado de esta querella, en la que están imputados 13 cargos policiales marroquíes.
En mayo de 2011 seis víctimas de torturas declararon en la audiencia nazional que la intención de las autoridades marroquíes tras la ocupación del antiguo Sáhara español era la de "exterminar o aniquilar" al pueblo saharaui. Cuatro de ellos, además, fueron examinados por un médico forense para documentar sus secuelas.
La investigación se dirige contra "destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sáhara como Smara, El Aaiún o Tan Tan". Entre los querellados se encuentra el general Hosni Benslimane, jefe de la Gendarmería Real Marroquí que fue galardonado por españa con la "Gran Cruz de Isabel la Católica" en 2005 y que formaba parte de la delegación que visitó a primeros de febrero el estado español junto al ministro del interior del país alauí, Taieb Cherkaoui.
Además de Benslimane, que habría ordenado y dirigido la campaña de detenciones y desapariciones en Smara que se llevó a cabo en 1976, entre los querellados se encuentran Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable directo de los secuestros cometidos en El Aaiun en 1987; Abdelhak Lemdaour, al que se relaciona con las detenciones en la región de Erbaib de 1976; y Moustaphá Hamdaoui, dirigente de la Gendarmería de Tan Tan. Completan la relación de denunciados altos cargos militares que Garzón identifica como Ben Hima, Amimi, Dris Sbai, Ayachi, Said Ouassou, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid.
Los querellantes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos, la mayoría con documento nacional de identidad español. Los hechos denunciados se sitúan a partir del año 1975, cuando, tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, el reino de españa abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas se inició la conocida como 'Marcha Verde', a través de la cual el reino de marruecos ocupó el Sahara Occidental.
La querella añadía que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui se prolongó durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes fueron sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide "el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales".
El escrito relataba que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y "fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación".
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